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«No
a la LOMCE»

24 /05/2013 José Manuel Chapado Regidor

En
España no se establecen las bases del sistema educativo
hasta la Constitución de 1812, la cual incorpora la idea
de la educación como un entramado en cuya organización,
financiación y control debe intervenir el Estado, y que
vendría a completarse con el Informe Quintana de 1814 con
una exposición de principios básicos en la que se
defiende que la instrucción debe ser igual, universal,
uniforme, pública y libre. Culminando su concreción
con la aprobación, en 1857, de la Ley Moyano.

La
actual legislación básica del sistema educativo
español emana de la Constitución de 1978, a partir
de la cual se elaboran, derogan y sustituyen demasiadas normas
educativas que terminan reducidas a sus siglas: LRU, LODE, LOGSE,
LOPEG, LOCE, LOE y, tras tres borradores y los dictámenes
del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado, acaba
de iniciarse la tramitación parlamentaria del Proyecto
de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Demasiadas
leyes educativas que se suceden unas a otras sin el necesario
diagnóstico técnico, sin justificar razonadamente
la necesidad del cambio, elaboradas sin el consenso necesario,
sin la participación de maestros y profesores, y sin la
estabilidad indispensable para que den sus frutos.

En
Extremadura llegamos al consenso para aprobar la LEEx a través
de la participación y el esfuerzo de todos los integrantes
de la comunidad educativa, mediante la negociación, en
la que todos cedimos y aportamos. El actual presidente del Gobierno
de Extremadura y el anterior, coincidieron en la su valoración:
“la Ley de Educación de Extremadura (LEEx) es fruto
del consenso de toda la sociedad extremeña por encima de
diferencias políticas e ideológicas, es una ley
válida para cuando gobierne uno u otro partido».

Nada de esto se ha dado en la concepción de la LOMCE, que
carece del consenso adecuado y necesario, por lo que será
sustituida cuando se produzca un cambio de gobierno. La educación
española no se merece este maltrato continuado, los docentes
necesitamos un marco legal estable que nos permita obtener en
el aula los mejores resultados académicos para nuestros
alumnos. Mientras sigan pariéndose leyes educativas efímeras
los maestros y profesores no podremos conseguir los mejores frutos
de nuestro trabajo.

Aunque
la LOMCE aporta algún cambio positivo, como el mayor control
de currículo por el Ministerio de Educación o el
necesario incremento del esfuerzo en el alumnado, el sindicato
PIDE y los docentes observamos alarmados el resto de sus intenciones.
Además de la ambigüedad del articulado, sujeto a cualquier
interpretación, constatamos la insistente intención
del desmantelamiento de la Educación Pública a través
de la potenciación y del desvío de fondos a los
centros privado-concertados, ahonda el recorte de plantillas docentes,
incrementa exageradamente la figura del director incluso por encima
de la Ley e implanta evaluaciones de diagnóstico que seleccionarán
al alumnado y establecerán clasificaciones de centros educativos.
Además, nos preocupan otros aspectos como pueden ser:


Falta una potenciación real de la Formación Profesional.
– Tiene una «insuficiente» memoria económica
que supondrá falta de recursos humanos y materiales en
su implantación.
– Olvida la creación de plazas escolares de menores de
tres años.
– No incluye la necesaria formación del profesorado.
– Parece olvidar los problemas de la escuela rural, tan importante
en nuestra región, y la aplicación de la LOMCE supondría
su casi total desaparición.
– Debe incluir obligatoriamente un sistema de jubilación
específico para los docentes.
– La premura en la implantación en sólo dos cursos
acarreará graves trastornos de organización en las
plantillas docentes y en los centros públicos.
– El incremento del adoctrinamiento religioso y la legalización
de la segregación del alumnado a través de la educación
diferenciada debe desaparecer en la tramitación parlamentaria.
– La renuncia a la lucha contra el fracaso o abandono escolar
lleva implícito sustraer el futuro a gran parte de nuestro
alumnado.

Desde
PIDE estamos convencidos de que la “calidad” no puede
ser entendida como un resultado final, sino como el proceso y
la mejora individual. No es posible anteponer la competitividad
a la colaboración y al aprendizaje en sí. El desarrollo
de la educación favorece directamente el desarrollo social
y económico de una región o un país. Mientras
no exista el consenso indispensable sobre las leyes de educación
y no se permita trabajar libremente a sus docentes hay que olvidarse
de espejismos normativos que sólo perjudican al sistema.
Cualquier reforma educativa, que no tenga el respaldo de los profesionales
que deben implantarla, está abocada al más absoluto
fracaso.

HOY