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«No
a la congelación salarial»

28 /03/2009 JOSE MANUEL Chapado

La opinión pública no sabe que los funcionarios
docentes llevamos sufriendo la congelación salarial con
una pérdida de más de un 15% de poder adquisitivo
en los últimos quince años.

Querría
puntualizar algunas cuestiones obvias que parecen olvidar nuestros
gobernantes cuando, alegremente, hablan del pan y la sal de los
demás, lanzando mensajes que sólo causan rechazo
y zozobra entre los funcionarios. No sólo hemos sufrido
una pérdida de poder adquisitivo en los años de
vacas gordas, sino que, además, durante algunos años
hemos tenido que aguantar subidas escandalosas y arbitrarias en
los sueldos de los cargos públicos. Nos causa estupefacción
y asombro las reiteradas declaraciones del ministro Celestino
Corbacho y de la consejera Pilar Lucio , entre otros, sobre la
congelación salarial de los funcionarios y las peregrinas
razones que dan para ello. Parece olvidar el ministro sus declaraciones
a la Vanguardia (04/05/2008): «-no puedo estar de acuerdo
con la receta de la congelación salarial o disminución
del poder adquisitivo de los salarios. Incluso se contradiría
con el objetivo de desarrollo de la economía: si los asalariados
pierden poder adquisitivo, lo primero que se resentirá
es el consumo».

Me gustaría recordarles que en un Estado de derecho como
en el que vivimos, un gobierno no puede imponer la congelación
salarial a los funcionarios sin negociarse antes en la Mesa de
la Función Pública.

ESTOY SEGURO
de que los políticos, al hablar de la recomendación
necesaria de apretarse el cinturón dirigida a todos los
ciudadanos, piensan empezar por ellos mismos y por los puestos
de libre designación y, en consecuencia, dar ejemplo –por
vergüenza torera– recortándose sus sueldos, renunciando
a segundos y terceros sueldos públicos, dietas, kilometrajes,
viajes pagados, gastos de representación, consolidación
de nivel –de por vida– tras dejar el cargo- y un sinfín
de cuestiones que aumentan aún más desproporcionadamente
los salarios que cobran. Nadie parece acordarse de los años
de estudio, preparación y sacrificio que ha tenido que
sufrir el funcionario para obtener con su esfuerzo un trabajo
en un proceso público y abierto convocado por la Administración
y basado en la igualdad, capacidad y mérito de los participantes.
Nadie, que sepamos, nos ha regalado nada a los funcionarios: es
más, no se han mejorado nuestras condiciones salariales
en los tiempos de bonanza, que sí han sido aprovechados
por otros sectores productivos (incluida la casta política),
por lo que determinadas declaraciones de intenciones que aparecen
en los medios son un insulto a la inteligencia: la consejera Pilar
Lucio en su afán de dar sentido a su sillón y a
su sueldo anda buscando soluciones imaginativas a costa de socavar
derechos adquiridos de los funcionarios. ¿No cree la consejera
que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios
conllevará un menor gasto de estos y un repunte de la crisis
en la economía regional?

Si la administración extremeña realmente necesita
recortar gastos, bien podría empezar revisando las funciones
y contrataciones que realizan en las más de veinte empresas
públicas, el gasto de 180.000 euros diarios en publicidad
institucional de la Junta de Extremadura, los encargos de informes
de 600.000 euros elaborados con los propios datos en poder de
la consejería de turno, el gasto de 85.000 euros en agendas
del profesor, los millones de euros para la enseñanza privada-concertada,
los envíos improductivos de cartas al personal docente,
que podrían ser sustituidos por mensajes a través
de Rayuela, la reducción real de itinerancias con el ahorro
en el pago del kilometraje- Tal vez este tipo de cuestiones parecen
un gasto ínfimo pero constituyen un montante importante
al final del ejercicio económico.

Lo más sangrante para los docentes de la enseñanza
pública es que su sueldo será congelado mientras
los docentes de la enseñanza concertada, con sueldos pagados
con fondos públicos, verán incrementada su nómina
del 2010 a costa del mismo dinero público que se intenta
sustraer y negar a los funcionarios. ¿Sabe la opinión
pública que los funcionarios docentes llevamos sufriendo
la congelación salarial con una pérdida de más
de un 15% de poder adquisitivo en los últimos quince años?
¿Conocen que al no tener convenio colectivo no tenemos
cláusula de revisión salarial?

Es preciso rechazar las recetas simplistas y demagógicas
de siempre (congelación salarial y subida de impuestos),
que penalizan al trabajador en general y al funcionario en particular
y exige una política de transparencia, control y publicidad
de los recursos públicos que mantenga la capacidad adquisitiva
de los salarios y afronte la erradicación del despilfarro
innecesario y superficial que sufrimos todos. Por ahí es
por donde hay que empezar.

Periódico
Extremadura