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«La
privatización de la enseñanza»


23 /11/2011 José Manuel Chapado Regidor

La educación
pública es universal y gratuita y garantiza el acceso democrático
a la educación como base fundamental del desarrollo social
y económico del Estado. La educación privada, por
el contrario, es elitista y discriminadora al reservarse el derecho
de admisión, por lo que bajo ningún concepto debería
ser subvencionada.

Es imperativo
que la sociedad conozca dónde se invierte el dinero público,
y más en momentos en los que se plantean recortes severos
en las administraciones públicas y en el mantenimiento
de los servicios esenciales de atención ciudadana.

La obsesión
de privatizar la educación es universal, tanto en las comunidades
regidas por los populares como las gobernadas por los socialistas
o los nacionalistas; en consecuencia, la escuela pública
pierde peso frente a la privada. A lo largo y ancho del Estado,
comunidades de uno y otro signo político subvencionan con
dinero público centros privados y venden, a veces, cuando
no regalan, a precio de saldo y sin ningún pudor terrenos
públicos para la construcción de colegios privados.

LOS NIVELES
educativos preuniversitarios en España se imparten en tres
tipos de centros educativos: públicos, privados y, un tercero
híbrido, privado-concertados (empresas privadas sostenidas
con fondos públicos). La educación pública
es la única que garantiza la educación igualitaria
a todos los ciudadanos, sin exclusiones; la educación privada
funciona como lo que es, un negocio y, por tanto, otros imponen
sus propias normas; la educación concertada, sin embargo,
pretende establecer criterios de funcionamiento del sector privado
(por ejemplo, reservar el derecho de admisión de alumnos)
pero con dinero público, lo que es un insulto a la ciudadanía
al desviar parte de sus impuestos para subvencionar centros educativos
privado-concertados, que establecen criterios sui generis a la
hora de seleccionar alumnos y profesores y que funcionan con el
fin de cualquier empresa: el beneficio.

Podemos concluir
que con dinero público se está sosteniendo infinidad
de centros privados a través de la concertación,
o, dicho de otra manera, el gobierno paga los sueldos de los docentes
que trabajan en centros concertados sin intervenir en la selección
de personal, como hace en los centros públicos a través
del concurso-oposición.

A la luz de
los datos publicados por las distintas administraciones, el 85%
del profesorado de la enseñanza privada, trabaja, realmente,
en centros concertados. Podemos establecer el mismo porcentaje
para los alumnos matriculados en centros privados.

Si los centros
concertados se privatizaran (dejando de percibir subvenciones),
estimamos que por ejemplo, como mínimo, el 20% de sus alumnos
se trasladarían a la pública. Este trasvase generaría
necesidades de profesorado que las administraciones tendrían
que proveer mediante convocatorias de oposiciones, con un incremento
de empleo público en el sector de enseñanza.

El hipotético
trasvase, del 20% de alumnos de la privada a la pública,
no tendría incidencia en la privada en el profesorado,
pero bajarían las ratios (una media de dos alumnos por
aula). Tendríamos una cifra estimada de 131.044 docentes
en la educación privada, con un coste anual de 5.554.607.728
euros. Con el incremento del 20% se calcula un aumento de 25.161
docentes en la escuela pública, con un coste de 1.029.121.866,40
euros (fuente INE de datos de personal contratado en la enseñanza
privada). De estos datos se desprende que el ahorro anual estimado
por la privatización (hipotética) de la enseñanza
concertada sería de 4.525.485.862 euros.

El Estado
garantiza la enseñanza pública, gratuita y universal
para todos los ciudadanos, por lo que es un contrasentido pagar
a una empresa privada para que asuma competencias que ya están
asumidas por la red de centros públicos (la concertación
sólo estaría justificada allí donde no llegara
la educación pública o como complemento de ésta).

Los ciudadanos
que renuncian voluntariamente a un servicio público determinado
que el Estado les ofrece gratuitamente y prefieren acudir a un
empresa privada en busca de ese mismo servicio han de costeárselo
de su bolsillo, al igual que ocurre en el resto de los países
de la UE y en otros ámbitos de nuestra sociedad. No es
posible que se incrementen las subvenciones por conciertos educativos
ni que la inversión en la enseñanza privada-concertada
aumente curso a curso y que la inversión en la educación
pública haya disminuido. No es justificable ni defendible
que los centros públicos sean mutilados, discriminados
sin medios suficientes, y último refugio de alumnos que
no pueden acceder a la privada-concertada por cuestiones económicas
o porque no son aceptados, en base a no sabemos qué criterios.
O quizás sí.

Los centros
públicos no pueden convertirse en guetos educativos ni
la sociedad española perder la posibilidad de un futuro
mejor. Para todos, ojo.

Periódico
Extremadura