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«La
enseñanza pública y la privada concertada»
JOSE
MANUEL Chapado 06/05/2010

LA enseñanza
lleva ya muchos años sometida a constantes devaneos y tensiones
como resultado de la demanda del aumento de cupos, la disminución
de recursos financieros y humanos, la necesidad de mantener o
elevar la calidad del trabajo académico y el desarrollo
tecnológico. Por otro lado, los sindicatos de la enseñanza
concertada -USO, UGT y FSIE- han anunciado que adoptarán
«fuertes medidas de presión» por la reducción
de unidades concertadas para el curso 2010-2011. En otras palabras,
por la reducción del beneficio económico que supondrá
para los titulares de los centros privado-concertados (este término
es el correcto) a los que representan. Podemos traer a colación
la máxima de Bertrand Russell: «las personas tenemos
dos tipos de moralidad que van siempre juntas, la que predicamos
pero que nunca llevamos a la práctica y la que practicamos
pero que rara vez predicamos». De esto queremos hablar:
de la doble moral hipócrita al tratar estos temas.

Estos centros están acostumbrados a recurrir a todos los
mecanismos empresariales habidos y por haber para «captar
clientes», y, si puede ser, de por vida: desde la educación
infantil hasta el bachillerato. Tales mecanismos pueden ser la
mercadotecnia, la buena imagen, la soterrada selección
de alumnos, la exclusión del alumnado inmigrante y algunas
otras. Circunstancias todas que chocan, en la otra cara de la
moneda, con un hecho capital e irrefutable: el profesorado y el
personal de los centros públicos es contratado siguiendo
rígidas y burocráticas normas oficiales de selección
por concurso-oposición que garantizan una calidad docente
digna y escrupulosa en condiciones de igualdad, mérito
y capacidad.

Y digo yo, ¿cuáles son las reglas a que se somete
el profesorado de estos centros privado-concertados? No tienen
nada que ver con sus méritos académicos ni su aptitud
docente, que no se pone en duda, (claro que su actitud sí
ha de ser la adecuada, faltaría más). Tras pasar
la criba de los requisitos indispensables como el de antiguo alumno,
amistad manifiesta, familia bien conectada o religión afín,
es la entrevista la que suele decidir: detalle tan aleatorio como
interesado con el fin de demostrar que el candidato reúne
el perfil ideológico deseado por el centro.

En las últimas décadas la frontera que separa lo
público de lo privado se ha ido difuminando; dado que el
Estado, sometido a presiones interesadas -expresamente políticas-
ha ido ocupando parcelas productivas cuando la rentabilidad de
éstas no las hacía acreedoras del interés
privado.

Se recurre al Estado para que cargue con las pérdidas bajo
la amenaza de «fuertes medidas de presión»,
olvidándose que nada tienen que ver con los servicios públicos
y pertenecen por completo a la esfera de la iniciativa privada.

La educación pública se ha convertido, a través
de los conciertos, en una fuente inagotable de riqueza para los
centros privados agraciados con el patrocinio de la Consejería
de Educación. Para estos colegios privados-concertados
el riesgo es nulo y el beneficio está asegurado, aunque
sea con menoscabo del servicio educativo.

Hay que acotar el desenfreno que se lleva a cabo con dinero público
y delimitar qué actividades corresponden al sector privado
y cuáles al público. Al privado pertenecen todas
aquellas que comporten iniciativa e innovación, con un
beneficio razonable a cambio de un riesgo determinado, que son
todas las que no afectan a intereses y derechos colectivos de
la ciudadanía, es decir la mayor parte de las actividades
económicas. Por el contrario, corresponden al Estado todas
aquellas actividades que no depararían beneficio alguno
para el inversor privado de no contar con la seguridad que generan
los presupuestos de la Administración, como, por ejemplo,
impartir una enseñanza pública de calidad a todos
los ciudadanos extremeños. Recientes estudios avalan que
«la enseñanza concertada no es más eficiente
que la enseñanza pública» y que «los
conciertos no favorecen la equidad y aumentan las desigualdades»
¿Se necesitan más motivos para reducir paulatinamente
los conciertos existentes? Éste es un modelo que se implantó
en España de forma coyuntural en una determinada situación
de nuestra transición, pero alejado hoy día de los
países más avanzados donde existe una amplia red
pública de calidad.

La iniciativa privada es imprescindible, pero nadie puede pretender
que su beneficio provenga de los presupuestos del Estado, transgrediendo
su razón de ser y con menoscabo de la justicia social inherente
al estado del bienestar. Dejando de lado su viabilidad económica,
parece coherente que servicios básicos como la educación
sean públicos, gratuitos y accesibles para todos los ciudadanos
al ser la única que nos facilita las herramientas para
ser iguales. Es el momento de poner en valor el importante esfuerzo
que realiza la Administración y los profesionales de la
enseñanza pública de Extremadura para llegar a todos
los puntos de nuestra geografía que no son «óptimos»
para la enseñanza privada-concertada al no existir ningún
beneficio económico para su implantación.

Para los sindicatos de la enseñanza concertada -USO, UGT
y FSIE-, lo importante es que los padres puedan elegir, petición
manida y recurrente de estos defensores de la homologación
y la solidaridad, que se contradice con la inmoralidad que supone
el derecho de admisión que los centros privados aplican
(excluyendo a los alumnos que molestan, incordian y dan constantes
problemas). Para los centros privados, los más débiles
y víctimas sociales ponen en peligro a los más dóciles
y estudiosos y, casi siempre, los más pudientes. ¿Cuántos
inmigrantes y minorías étnicas están escolarizados
en estos centros? De nuevo, la solidaridad mal entendida. En consecuencia,
no es de extrañar que el Sindicato del Profesorado Extremeño
(PIDE) solicite a la Consejería de Educación que
sea valiente e inicie decididamente la supresión de los
conciertos educativos y la creación de los centros públicos
necesarios que lo posibilite. Y en eso estamos.

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