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de buena fe
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09/01/2018 Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente del Sindicato PIDE

Viernes
25 de junio de 2010, cinco de la tarde. Día cálido,
sin llegar a ser bochornoso, como es habitual en estas fechas.
Los opositores del tribunal único de la especialidad
de “Organización y Procesos de Mantenimiento de
Vehículos”, situado en el IES Javier García
Téllez de Cáceres, empiezan el acto de presentación.
Una vez concluido el acto; entregada la programación
y citados para la realización, el día 28 de junio,
del primer examen del proceso selectivo, se van para sus casas.
Entre ellos están Víctor, Francisco y Heliodoro,
que a la postre fueron los que obtuvieron plaza y que ignoraban,
por aquel entonces, que toda una serie de infortunios caería
sobre ellos más tarde.

Pasados
más de 7 años de las referidas oposiciones, y
después de superar el curso de prácticas docentes
y ser nombrados funcionarios de carrera en 2011 en sendas publicaciones
en el DOE y en el BOE, y de tener destino definitivo por Concurso
de Traslados, se encuentran, ahora, después de tantos
años, a punto de perder la plaza por un hecho del que
no tienen culpa alguna y que paso a relatar con la mayor claridad
y brevedad posibles.

En el proceso
selectivo de 2010, en la especialidad antes mencionada, un opositor
(le llamaremos, a partir de ahora, el opositor X) presentó
una reclamación, tras concluir el proceso selectivo,
por no compartir las puntuaciones obtenidas y por considerar
que dichas calificaciones fueron producto de la enemistad que
la presidenta del tribunal y él se profesaban. El opositor
X interpuso un contencioso administrativo que, a la postre,
vino a descubrir que los exámenes fueron destruidos por
el Tribunal. En este punto hay que decir que dichos exámenes
debieron entregarse, según marca la convocatoria, en
el Registro habilitado por la Consejería para este menester;
y ni se entregaron por parte del tribunal, ni se reclamaron
por parte de la Administración para cumplir con el deber
inexcusable de guarda y custodia.


El hecho de la destrucción de los exámenes dio
alas al contencioso del opositor X y el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo declara nulo el
proceso de oposiciones. Pero la sentencia, hay que dejar claro
este aspecto, en ningún momento duda de los opositores
que obtuvieron plaza, más al contrario los considera
opositores de buena fe.


Y Vara, ¿dónde está? ¿Dónde
está el Presidente pacificador y dialogante que se esfuerza
en aparenta? ¿Por qué no evita que tres familias
inocentes se queden en la calle? Parece que, en este grave asunto,
ha dejado entrever su verdadera naturaleza; se ha quitado la
careta, podríamos decir, y se muestra como un presidente
ausente. Se ha negado a recibir, de forma reiterada, a los tres
agraviados; a tres ciudadanos que, con cargas familiares, se
asoman al abismo. Desvió, eso sí, su responsabilidad
en otros, en responsables educativos, que recibieron a los tres
funcionarios en su nombre. Durante algún tiempo todo
parecía que iba a reconducirse, al menos, esa era la
sensación que transmitían, en un principio, aquellos
que, en nombre de Vara, recibieron a los tres funcionarios y
a sus abogados.

Pensaron,
pensamos (yo también me incluyo) que la solución
era posible, pues otros procesos selectivos impugnados en Extremadura
no perjudicaron a los que obtuvieron plaza. Recuerdo el caso,
por ejemplo, de la exconsejera de Sanidad que, siendo consejera,
convocó las oposiciones de “cirugía general
y aparato digestivo” a las que ella misma se presentó
obteniendo la máxima puntuación; lo que provocó
recursos de alzada de otros opositores que llevaron a SES a
anular la nota; pero, al final, el recurso interpuesto por la
exconsejera prosperó y un juez le dio razón y,
por consiguiente, no perdió su plaza. Podría nombrar
otros casos como el de los enfermeros o el de los camareros
limpiadores, cuya solución fue salomónica para
todos. En todos estos casos la Consejería veló
por los intereses de los aprobados de buena fe; pero en el caso
las oposiciones de“Organización y Procesos de Mantenimiento
de Vehículos” no han hecho nada, han dejado que
tres familias caigan al abismo.


Francisco, Víctor y Heliodoro pensaron que la Consejería,
que el Gobierno de Extremadura, manejaría este asunto
con la suficiente eficiencia para evitar que pagasen justos
por pecadores pero, más al contrario, los responsables
educativos, después de múltiples reuniones con
ellos, con sus abogados, con representante sindicales, demostraron
la poca disponibilidad de llegar a una solución consensuada
por todas la partes. Se barajó la posibilidad de tratar
este asunto como el gobierno de Asturias trató otro parecido.
En Asturias se impugnaron las oposiciones de Educación
Infantil, pero como se reconocía la buena fe de los opositores
que obtuvieron plaza, el gobierno asturiano repitió la
oposición de tribunal impugnado respetando a los que
habían conseguido su plaza honradamente y ampliando el
mismo número de plazas que el tribunal asignó
en su momento. Rápido, limpio y justo.

Heliodoro,
Víctor, Francisco y el opositor X, junto con sus abogados,
llegaron a un acuerdo de solución para evitar la repetición
de las oposiciones. Dicho acuerdo fue presentado ante la Sala
del TSJEx quien emitió “Diligencia de ejecución
de acuerdo transaccional”, dándonos a entender
que el acuerdo pactado podría ser una solución
satisfactoria para todas las partes, siempre y cuando estuviera
ratificado por la Junta de Extremadura; pero, la Junta de Extremadura,
escurrió el bulto. La inclusión en el acuerdo
de la Junta hubiera solucionado el entuerto favoreciendo a todas
las partes; sin embargo, incomprensiblemente, optaron por la
opción que no beneficia a nadie.

Como apunta
el magistrado José Manuel Chaves (Magistrado de la Sala
contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias), en casos de la misma índole que el descrito
y con sentencia firme, el TC propicia la tutela de los terceros
de buena fe, rechazando la revocación de los nombramientos
y buscando otra salida. Cosa que, en ningún momento,
ha pretendido la Administración Extremeña, dejando
sin plaza y a la deriva a tres opositores reconocidos, por sentencia,
como de buena fe.

El magistrado
Chaves, del que tantos deberían aprender, considera que
en un caso de impugnación de oposiciones hay que tener
en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma de posesión
de los aprobados, así como la condición de inocentes
y ajenos a aquellos que nada tienen que ver con la irregularidad
cometida por el Tribunal Calificador. Añade que “no
puede perderse de vista el interés general en que el
personal seleccionado esté capacitado y en no desbordar
el gasto público”. ¡Qué falta hace
en Extremadura la visión clarividente y justa del magistrado
Chaves! No se puede impartir justicia cometiendo una injusticia
mayor, como ocurre en la no solución que se ha dado,
desde el Gobierno de Vara, al asunto de las oposiciones impugnadas
de la especialidad de “Organización y Procesos
de Mantenimiento de Vehículos”.

Los tres
funcionarios de carrera han presentado “incidente de ejecución
de sentencia” para evitar que les priven de las plazas
ganadas honradamente. Intentando exponer al TSJEx que ellos,
como opositores de buena fe, no pueden ser los paganos de la
irregularidad cometida por el tribunal de oposiciones al destruir
los exámenes. Y el TSJEx debería proteger, considero,
a los terceros de buena fe que nada tuvieron que ver en todo
el entramado descrito.


Esperemos que alguien de la Administración, finalmente,
entienda aquello de “La equidad como garantía del
tercero de buena fe en los procedimientos selectiv
os”;
si así fuera, la justicia en Extremadura daría
un salto cualitativo a la altura de la región que los
ciudadanos se merecen.