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«Ratios
a la carta o la liquidación de la educación pública
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07/06/2020 Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente del Sindicato PIDE

Indignación
generalizada mezclada con una impotencia difícil de gestionar,
son los síntomas que están provocando a infinidad
de docentes, en mi caso, por lo menos, así ha sido, la
agresión que está sufriendo la educación
pública por los recortes brutales de plantilla que la
inspección educativa ha propuesto, látigo en mano,
aplicando los criterios técnicos estrictos establecidos
por la Consejería de Educación y Empleo, que llevará
a cientos de profesores a perder su plaza (los que más
lo van a sufrir serán los interinos); pero no contentos
con esta erosión de lo público, tampoco el 2%
prometido de subida salarial se llevará a cabo y los
docentes seguiremos acumulando pérdida de poder adquisitivo,
que en los últimos diez años supera el 20%.

Y
toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad
y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz
cuando la educación privada sigue con sus subvenciones,
con sus conciertos y con sus ratios a la carta, dado que las
ratios que no se permiten en la educación pública,
sí se permiten en la concertada para que esta no sufra
recortes y se mantenga a flote.


Quizá algún residuo ideológico les quede
todavía a quien nos gobierna en alguna profunda oquedad
a la que los tecnócratas encarnecidos no hayan tenido
acceso todavía. Si así fuera, si a nuestros
gobernantes les quedara algo de la ideología que llevan
por bandera, deberían parar estos recortes injustificados
y dañinos que socavan la educación pública
y manda a la calle a un gran número de docentes.

Arguyen
que no tienen dinero, pero mantienen contrataciones a dedo
de asesores en las empresas públicas, o mantienen los
conciertos con los centros privados que cuestan más
de 82 millones de euros al año (sin contar con otras
ayudas de programas diversos que reciben), cuando los conciertos
ya nos son necesarios porque la red pública puede asumir
las necesidades de escolarización de todas las localidades
extremeñas.

Reduciendo
gastos innecesarios podrían equilibrar los presupuestos
para hacer frente a todos los compromisos adquiridos y pagos
pendientes: no recortar plazas en la educación pública,
asumir el pago del 2% comprometido, implantar la carrera profesional,
mantener la reducción horaria de mayores de 55 años
en todos los niveles educativos no universitario y un largo
etcétera.

Por muchos
años que pasen, si comenten esta tropelía, nunca
llegarán a despojarse por completo de la ignominia
que cometieron en tiempos de la pandemia, quedará grabado
para siempre en la memoria de cientos de docentes que se quedarán
sin plaza y de otros muchos que tendrán que trabajar
con ratios abultadas.

Allá
por 1985 la red pública no podía asumir la demanda
de escolarización, por esa razón se empezaron
a concertar unidades con los centros privados. De hecho la
concertación nació con el único objetivo
de concertar unidades solo allí donde la educación
pública no llegara; pero una vez que la red pública
se ampliara (el artículo 27 de la Constitución
refleja la necesidad de construir centros educativos) los
conciertos dejarían de ser necesarios; sin embargo,
los conciertos han seguido creciendo y en Madrid o Barcelona,
por ejemplo, ya superan a lo público.

Los defensores
de la educación concertada se aferran al argumento
demagógico, o argumento de subsistencia, de que la
concertación responde al respeto que hay que tener
al principio constitucional de libertad de enseñanza.
En España existe efectivamente, según señala
la constitución, la libertad de enseñanza; pero
dicha libertad debe ejercerse entre lo público y lo
privado y, por tanto, está asegurada.


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