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«Pongamos
que hablo… de Madrid»

8/10/2011 Alfredo Aranda Platero

La educación pública, base de la igualdad social
–una conquista fundamental del Estado democrático–
no puede ser menoscabada por ningún gobierno que diga representar
al pueblo, de lo contrario estaríamos ante un ataque mísero
al pilar fundamental de la sociedad del bienestar y, por ende,
ante un fraude a la ciudadanía. La agresión más
palmaria se está produciendo en Madrid; se le quitan recursos
fundamentales a la enseñanza pública para dárselos
a la privada y, en alguna medida, a la concertada. Los mandamases
de Madrid deberían saber, si les mueve realmente el interés
social, que los conciertos educativos están justificados
en los lugares donde no llega la enseñanza pública
o como complemento de ésta. ¿Es consciente la ciudadanía
de Madrid de que se está promocionando la enseñanza
privada con dinero público?

No es un secreto que la enseñanza privada, en su inmensa
mayoría, articula mecanismos de discriminación en
la selección del alumnado, por lo que debería estar
excluida de cualquier subvención pública (es decir,
dinero de todos). Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza
pública es atajar las desigualdades sociales, dicha meta
no puede ser asumida por la enseñanza privada, dado que
una de las bases fundamentales de su funcionamiento es, como digo,
la discriminación y no sólo a la hora de la selección
de alumnos y profesores, sino también en otros aspectos
como la imposición religiosa y el establecimiento de pagos
extraordinarios para uniformes, actividades extraescolares, actividades
varias… lo que convierte a muchos centros privados concertados
en centro de pago, pese a las subvenciones que reciben para ser
gratuitos.

Los centros privados son una empresa y como tal tienen un ideario
de funcionamiento que marcan los dueños del negocio y una
política de empresa sometida dicho ideario, y, por tanto,
no pueden competir con los centros públicos, por ejemplo,
en política de igualdad social, de hecho la mayoría
niños y niñas inmigrantes, o procedentes de minorías,
o alumnos con necesidades educativas especiales están escolarizados
en centros públicos. Es su negocio, pueden gestionarlo
como plazcan, incluso reversar, como hacen, el derecho de admisión.
Ahora bien, cuando aparece en el escenario dinero público,
recaudado de los bolsillos de millones de trabajadores, para convertir
centros privados en concertados o para favorecer fiscalmente a
los padres que matriculan a sus hijos en escuelas privadas, entonces
estamos ante una estafa al conjunto de la sociedad.

Esperanza Aguirre, azote de la escuela pública, precursora
de la educación privada (y, en menor medida, de la concertada),
desde su puesto de presidenta de la comunidad de Madrid, utiliza
los recursos públicos para promocionar el sistema privado
de educación e ir minando la escuela pública hasta
dejarla herida de muerte; después –pensará
ella– el sistema público de enseñanza se morirá
solo. El desarrollo de la enseñanza privada necesita que
el sistema público se deteriore; este es, simplemente,
el objetivo de Esperanza Aguirre: el deterioro de la educación
pública; y lo hace a las claras, sin esconderse y con el
apoyo de una gran parte de la sociedad madrileña que parece
no enterarse de que ellos, y sus hijos y nietos, serán
los que sufran semejante perjuicio social y democrático.
El ataque está planificado y se ejecuta con frialdad: se
bonifica fiscalmente (en el IRPF) a quienes llevan a sus hijos
a colegios privados (hasta 1800 euros al año), se miente
con el horario de trabajo de los profesores de la escuela pública
–acusándolos de vagos– para justificar el despido
de miles de interinos, se dota de infraestructura insuficiente
a los centros públicos, se recorta drásticamente
las ayudas a la formación… Desde la Jefatura de la
Comunidad de Madrid se asegura que es necesario recortar 80 millos
de euros de los gastos de la educación pública para
contribuir a paliar los efectos de la crisis; sin embargo, acto
seguido, se ofrecen –a fondo perdido– 90 millones
para la privada-concertada, lo que constituye, como poco, un ejercicio
de cinismo de dimensiones planetarias.

Todos los desvelos de la Sra. Esperanza están encaminados
a su objetivo primero: convertir el sistema educativo de Madrid
en privado y elitista, lo que confirma, sin lugar a dudas, su
falta de talante democrático y su cercanía al nacional-catolicismo.
Pero los ciudadanos de Madrid, una y otra vez, la dejan pasar,
por tanto, nada que hacer, sólo esperar a que finiquite
uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y para más
inri nombres como el de Lucía Figar, ejecutora de las ocurrencias
de su jefa y la mismísima Sra. Aguirre, suenan para ministra
de educación, en el caso de que el 20N se produzca cambio
de gobierno. Que los Dioses nos cojan confesados.

Periódico
Extremadura