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«La
privatización de la democracia»


«Aunque la estafa política no esté contemplada
en el ordenamiento jurídico español, estamos, sin
duda, en una situación de estafa del gobierno a los ciudadanos»


17/06/2013 Alfredo Aranda Platero

Decía
Paulo Freire que “la gran tarea de los oprimidos es liberarse
a sí mismos y liberar a los opresores”. Cada vez
más grupos sociales en España (15M, Plataforma de
Afectados por la Hipoteca…) se organizan para combatir las
injusticias del gobierno de turno, es decir de la dupla PSOE-PP
que controlan el “tinglado” estableciendo elementos
de control electoral como, por ejemplo, la Ley Ohm que aleja del
poder a quienes no sean ellos. Una vez asentados en el trono piensan
que tienen “patente de corso” para hacer durante 4
años lo que quieran, aunque eso signifique incumplir el
programa electoral con el que llegaron al poder. Y aunque la estafa
política no esté contemplada en el ordenamiento
jurídico español, estamos, sin duda, en una situación
de estafa del gobierno a los ciudadanos.


Que la democracia está siendo privatizada es una realidad
que el gobierno ya no puede esconder por más tiempo. El
poder ya no reside en el pueblo, mandan los mercados, los “lobbys”,
la señora Merkel… que secuestran al gobierno –y,
por ende, la democracia– y piden como rescate oprimir a
los ciudadanos con impuestos abusivos, con recortes sociales,
con más paro. Sólo te permiten votar cada 4 años
y, después, el silencio. Si alguien pisa fuera de la raya
(miembros de afectados por la hipoteca; activistas del 15M, lideres
sociales que ocupan tierras abandonadas…) lo tachan de violento,
antidemocrático, terrorista… para ello utilizan toda
una cobertura mediática de voceros de la caverna distribuidos
por tertulias políticas en la televisión o en la
radio, o través de artículos tendenciosos en medios
afines. Todo un pútrido entramado inmoral en el que muchos
“Bárcenas” se sienten como “pez en el
agua” mientras la miseria se instaura cada vez en más
ciudadanos.

Pilares
fundamentales del sistema social como la educación y la
sanidad están siendo privatizados impunemente, para muestra
la LOMCE que huele a podrido desde su primer borrador y que únicamente
es del gusto de la Conferencia Episcopal Española (por
razones obvias). A lo largo y ancho del Estado se suceden manifestaciones,
concentraciones, huelgas… contra la agresión al estado
del bienestar que supone el desmantelamiento de la educación
y de sanidad públicas. Siguiendo con el ejemplo de la LOMCE
el señor Wert consigue, finalmente, que ésta pase
el trámite de la aprobación del Consejo de Ministros,
donde ha utilizando la mayoría que ostenta su grupo para
imponer su criterio ideológico. Le ha dado igual que todo
el mundo esté en contra (organizaciones políticas,
sindicales y sociales), no le ha importando, lo más mínimo,
que la ciudadanía haya salido a la calle de forma masiva,
y sigue, además, diciendo que busca el consenso; es sin
duda, el peor Ministro de Educación que ha tenido España.
Personaje oscuro que desde su atalaya de la soberbia hace un daño
infinito al sistema público de enseñanza.

Desde
hace 30 años el poder en España se lo reparten entre
el PSOE y el PP que escenifican una lucha ideológica ficticia
porque, en realidad, ambos están sometidos a la Troika
(Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario
Internacional) y a su “niña bonita”: Alemania.


El Estado del Bienestar está siendo desmantelado. El paro
sube, los sueldos bajan, lo público es privatizado y recortado,
cada vez más familias desahuciadas por entidades bancarias
rescatadas con dinero público. Sin embargo y en plena situación
de emergencia al gobierno no se le olvida su inclinación
natural a la prohibición, está, o eso parece, contra
todo: contra el derecho al aborto, contra el derecho a la adopción
monoparental, contra el derecho a formas matrimoniales heterodoxas,
contra el derecho a una escuela pública libre de adoctrinamiento
religioso, contra el derecho a los escraches, contra el derecho
del ciudadano a disfrutar de una escuela pública libre
de recortes y laica, contra el derecho a no ser desahuciado, contra
el derecho del ciudadano a ver entre rejas a todo la caterva de
ladrones de traje y corbata, contra el derecho de los familiares
de los represalidos franquistas a recuperar de las fosas comunes
los restos de sus seres queridos, contra el derecho de los Jueces
a investigar a los corruptos de su partido,… Ni una sola
solución a la situación de crisis severa que nos
atenaza, pero muy “generosos” en prohibiciones de
todo tipo. Estamos en un estado de derecho y el ciudadano es libre
de hacer y deshacer sobre su vida mientras no comporte daño
a un tercero y tiene derecho a todo lo que la constitución
dice (derecho a vivienda, por ejemplo), quien conculca esta norma
no está legitimado para ejercer el poder dado que éste
ha sido prestado, por delegación, por la ciudadanía
para salvaguardar los derechos y deberes inherentes al ciudadano
recogidos en la Constitución española. Cada vez
más políticos españoles saben menos de democracia.

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