Los
representantes sindicales de los docentes de la concertada,
algunos de ellos dicen también representar a la pública,
reclaman igualdad con los profesores y maestros que trabajan
en el sector público de enseñanza; pero que esa
igualdad no pase, por una selección de personal que respete
los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad; eso solo para la pública.
No olvidemos que la educación concertada es un negocio
sostenido con fondos públicos y, como cualquier negocio
solo busca su propio beneficio; de hecho, además de estar
subvencionada con dinero de los impuestos, también reciben
dinero de las familias por diversas vías: pago de actividades,
venta de material de todo tipo (libros, chándales…),
donativos, etc. Si un colegio privado-concertado recibe subvenciones
públicas para que la enseñanza sea gratuita no
debe cobrar ni un euro a las familias y la Administración
debe velar porque así sea.
En la mayoría de los centros concertados investigados
por la OCU las familias tenían la obligación de
pagar alguna cuota (500 euros anuales de media). En alguna ocasión
hemos hecho referencia a este estudio de la OCU que concluyó
que los colegios concertados son un 70% más caros que
los públicos.
Siempre repetiré, hasta la saciedad, que la educación
pública es la única garante de la igualdad de
oportunidades y de la cohesión social, porque es democrática,
no ideologizada, integradora e inclusiva, donde todos los alumnos
son atendidos por igual: niños con necesidades educativas,
alumnos de diferentes etnias, razas, cultura, etc. ¿Asume
esa diversidad la enseñanza privada-concertada?
Casi todos los centros concertados son religiosos y como tales
tienen, entre sus objetivos, una clara misión evangelizadora
(predicar la fe) que cumplen con deleite vocacional, pero con
dinero público. Es un contrasentido, de proporciones
planetarias, que un gobierno de un país aconfesional
y que se proclama, a la mínima ocasión, de izquierdas
financie con el dinero de todos la catequización de infantes
que no pueden, por sí solos, oponerse a ningún
tipo de adoctrinamiento religioso o político.
La educación pública tiene alumnos y la privada-concertada
tiene clientes. La diferencia es aterradora. Es una realidad
palmaria que no encontrarás un centro privado en una
zona donde haya pocos alumnos, pocos clientes; a esas zonas
llega lo público, porque la educación de todos
no busca beneficios económicos, pretende objetivos más
altos.
No olvidemos que la libre elección de centro de la que
habla la Constitución, y a la que tanto aluden los defensores
de la educación concertada, está plenamente garantizada
entre lo público y lo privado; la concertación
es, simple y llanamente, una anomalía democrática.
La familia que quiera que sus hijos se eduquen en un centro
privado que sufrague con recursos propios su coste. Regalar
dinero público para sostener negocios privados no debería
estar permitido por el ordenamiento jurídico.
En su momento propusimos a los Grupos Parlamentarios presentes
en el Congreso de los Diputados, que presentaran una Proposición
No de Ley para acometer los cambios estructurales necesarios
para que la Educación Pública fuera la única
financiada con dinero público. De tal forma que todos
aquellos centros privados que quisieran beneficiarse del dinero
público, deberían pasar a ser de titularidad pública;
y los que no quieran formar parte de la red pública,
que se mantuvieran con recursos propios.
