¿Los centros concertados que venden uniformes
lo hacen al precio de coste, para así demostrar, con
su ejemplo, la infinita bondad de su ideario religioso, de su
darse a los demás? Me temo que no, que de esa partida
textil se embolsarán un buen pellizco, cosa que se aseguran
obligando a los padres a adquirir los uniformes en el centro
o, en otros casos, que de todo hay, haciendo convenios, por
ejemplo, con el Corte Inglés, cuando hablamos de centros
gestionados por congregaciones religiosas de carácter
nacional.
Según la OCU, el 91% de las escuelas concertadas obliga
al pago de cuotas. Los centros concertados reciben subvenciones
de dinero público para pagar los salarios de los docentes,
para los gastos de mantenimiento, de personal de administración
y servicio, de monitores de AFC; por tanto, si un centro concertado
le saca un euro a un alumno está incumpliendo la ley,
donde queda claro que los centros privados concertados deben
ser gratuitos para los padres. Sin embargo, estos centros sacan
tajada de la venta de uniformes escolares, de material deportivo
(chándales principalmente), de material escolar, de aportaciones
a fundaciones o asociaciones, de actividades extraescolares,
de servicios complementarios… y, claro, también
de las donaciones “libres” que muchos padres se
ven forzados a hacer por aquello de no quedar en evidencia.
La media anual de estos cobros alcanza la cuantía, según
la OCU, de 500 euros. En algunos casos esta cantidad se duplica
y, por tanto, en otros se reduce.
El estudio de la OCU también estimó que el coste
anual de un centro concertado es de 3.700 euros y el de uno
público 2.180, es decir, un 70% más caro el concertado.
Pese a que la Administración, torciendo la realidad,
siempre dicen lo contrario o lo insinúan.
Reciben dinero público pero su mentalidad sigue siendo
privada y sus objetivos pasan siempre por la recaudación
y la evangelización. Los centros concertados, me refiero
a los religiosos –la mayor parte–, tienen lo que
llaman «plan de acción pastoral» o, simplemente,
«pastoral», donde se presentan como «centros
evangelizadores» cuyo objetivo principal transita por
los caminos de la fe. Ríete tú de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía.
No podemos olvidar que la educación privada es un negocio
y, como tal, es perfectamente legal. Pero el ciudadano que quiera
una educación privada debe asumir su coste y el que quiera
una educación pública la tiene gratis; para eso
se pagan impuestos. Un Estado tiene que defender los servicios
públicos por encima de todo y si no lo hace está
perjudicando, seriamente, las estructuras básicas del
País.
El mismo criterio para concertar un centro privado podría
establecerse para concertar un supermercado. Si un carnicero
abre un supermercado en una barriada o en un pueblo cuyos habitantes
no disponen de este servicio y pidiera que se lo concertaran
¿sería posible? Me temo que no, ¿vedad?
Pese a que comer es una necesidad del ciudadano tan básica,
como la educación.
Hace más de 30 años, la falta de centros públicos,
como consecuencia de las cuatro décadas de retraso que
trajo la dictadura, provocó que, con el aumento de la
demanda de escolarización, se concertaran unidades con
centros privados para salir del paso. Pero la situación
debió de ser temporal, mientras la red pública
se ampliaba. De hecho, el artículo 27.5 de la Constitución
dice que los poderes públicos deben garantizar la creación
de centros docentes. Por tanto podemos considerar la concertación
como un grave desajuste del sistema democrático, que
no ha conseguido compensar la falta de inversión en educación
pública, y convierte los conciertos, que nacieron con
carácter transitorio, en algo permanente y, lo que es
peor, ampliable.
La concertación debió desaparecer, progresiva
y proporcionalmente, a medida que se iban contrayendo los centros
necesarios comprometidos en la Carta Magna, hasta abarcar la
totalidad de los alumnos. Para así, llegar a la situación
ideal que debe promover un Estado democrático; la existencia
de dos vías que aseguren la elección de centros
por parte de los padres: la vía pública y la vía
privada. Pero ningún partido político ha tenido
la altura democrática suficiente para corregir esta anomalía.
Nuestra organización sindical propuso, hace meses, a
los diferentes partidos políticos presentes en la Asamblea
de Extremadura, que promoviesen una propuesta de impulso para
terminar con los conciertos educativos en nuestra comunidad.
Convertir los centros concertados en públicos, de forma
progresiva, era (y es) el planteamiento, asegurando el puesto
de trabajo de los profesores de la concertada hasta su jubilación
(cosa que ahora no tienen asegurado). Cada vacante nueva, cada
sustitución o cada jubilación producida deberían
ser ocupadas, con este nuevo diseño, por docentes de
la pública, en sus diferentes situaciones administrativas:
funcionarios de carrera en comisión de servicio o por
concurso de traslados, funcionarios interinos… Con esta
metamorfosis todos salen ganando: los profesores de la concertada
blindan su puesto de trabajo, y los de la pública acceden,
poco a poco, a los centros reconvertidos en públicos.
