Señora
                    consejera, en esta vida todo, o casi, es relativo; sin embargo,
                    hay cosas que son absolutas o, al menos, deberían
                    serlo. De un político, con mayúsculas, se espera
                    que cumpla la ley, que respete las decisiones judiciales,
                    que no utilice subterfugios para dilatar la aplicación
                de una sentencia; y más, cuando esta es firme. 
Las
                  sentencias judiciales se respetan, pero todas; eso de acatar
                  unas sí y otra no deslegitima el discurso de quien
                  dice ponerse de parte de la justicia obviando, al mismo tiempo,
                  una sentencia firme como la de PIDE que reconoce que los
                  interinos con vacante deben estar en su puesto el 1 de septiembre
                  y, además, añade una retroactividad de 4 años,
                  a efectos administrativos y económicos. 
Aunque
                    PIDE ha conseguido uno de los objetivos importantes: que
                    los interinos con vacante se incorporen el 1 de septiembre
                    a partir del curso 2021-2022, no podemos estar plenamente
                    satisfechos cuando usted, señora, niega la retroactividad de cuatro
                  años de una sentencia ejecutada ya en el demandante
                  y extendida a varios interinos. Este empecinamiento, que
                  no me supone sorpresa alguna, provocará que PIDE colapse
                  la administración pidiendo las extensiones individuales
                  por vía judicial. 
Que
                    ahora diga que corrobora que los interinos con vacante se
                    incorporen el 1 de septiembre a partir del curso 2021-2021 “por el interés
                  de dar certidumbre al colectivo”, porque supone “una
                  igualdad de oportunidades y una mejora laboral” y porque “beneficia
                  a la organización del curso escolar y eso redunda
                  en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en el
                  alumnado”, no deja de asombrar dado que dichos beneficios
                  se han dado siempre y si, finalmente, reconoce este derecho
                  es porque se ha visto usted cercada judicialmente y no porque
                  sea la valedora de los derechos de los docentes como, en
                  rueda de prensa, pretendía transmitir con esa serenidad
                  impasible con la que los políticos esconden las impurezas
                  de sus decisiones e intentan esconderse tras un manto de
                  acrisolada rectitud, pero que no es otra cosa que la constatación
                  irrefutable de cómo se disuelven, hasta quedar en
                  nada, los principios básicos de una ideología
                  que debería estar por encima de las veleidades personales.
                
Obligar
                    a PIDE a reactivar las extensiones individuales de sentencia
                    es una irresponsabilidad por su parte, consejera; porque
                    con el dinero del contribuyente, no lo olvide, se tendrá que pagar las costas que TSjex imponga a la
                  Junta de Extremadura, dado que el desenlace lógico
                  es que el tribunal ratifique las extensiones de sentencia,
                  profusamente argumentadas, e interponga las costas a la administración
                  negacionista. 
En
                    diciembre de 2020, en rueda de prensa (después
                  ratificado en comparecencia en la Asamblea de Extremadura),
                  la consejería comunicó que se reconocían
                  las dos sentencias que había al respecto y se incorporarían,
                  por tanto, los interinos el 1 de septiembre con la retroactividad
                  de 4 años. ¿Qué ha cambiado para que
                  se incumpla la palabra dada? Por una tercera sentencia, que
                  le ha venido llovida del cielo, a favor de la administración,
                  es decir, en contra de los derechos de los interinos… pero
                  que nada tiene que ver con la sentencia firme de PIDE, que
                  es otra distinta, que es otro proceso diferente. Si en diciembre
                  la sentencia de PIDE era válida, por firme y ejecutada,
                  más válida es ahora; y negarlo y poner palos
                  en las ruedas para que los interinos que cumplan los requisitos
                  de la sentencia no puedan beneficiarse de ella en toda su
                  amplitud, es una muestra fehaciente de la eterna paradoja
                  de gobernantes, elegidos por el pueblo, negando derechos
                  al pueblo. 
No
                    voy a entrar en los motivos reales, consejera, por los que
                    prefiere la confrontación al diálogo,
                  por los que opta por entorpecer la extensión de los
                  efectos de una sentencia firme oponiéndose al más
                  básico sentido de la justicia; pero sí diré,
                  que su actitud es una clara declaración de intenciones
                  y que nada tiene que ver con un desarrollo responsable de
                  sus competencias como consejera. Una pena. 
En
                    este erial de la política sin concierto, de la testarudez vana,
                  del desamparo en la que los derechos sufren las inclemencias
                  de la política imperfecta, no cejaremos ni un momento
                  de luchar con todo nuestro ser, consejera, por los docentes
                  que trabajan en Extremadura e igual nos da las piedras que
                  se nos pongan en el camino, devoraremos las dificultades,
                  no le quepa duda, hasta saciar muestra hambre de justicia
                  social.