Blog PIDE
«Próxima parada judicial, Luxemburgo»
20/11/2022
Alfredo Aranda Platero, Vicepresidente PIDE.
La propensión que tienen los sindicatos tradicionales de usurpar hasta la osamenta de quienes tienen la osadía de utilizar la democracia para disputarles su subvencionada hegemonía, se volvió a poner de manifiesto en las últimas elecciones sindicales del sector de empleados públicos. Hace casi cuatro años ya de los últimos comicios electorales en los que el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE (educación), SGTEX (administración general) y SAE (sanidad), unieron fuerzas para convertirse en la segunda lista, muy cerca de la primera, más votada de la Junta de Extremadura a nivel global, con derecho a entrar en la Mesa General y poner un poco de orden en un organismo donde se suelen perpetrar agravios contra los funcionarios extremeños.
Conseguimos, sobradamente, el porcentaje para pertenecer en dicha mesa, pero nos impidieron la entrada (llegaron, incluso, a plantar frente a la puerta de la sala de reuniones personal de seguridad para impedir nuestro acceso), no sea que fuéramos a perturbar el contubernio en el que cohabitan CSIF, CCOO y UGT y la administración de turno.
Igual les dio que presentásemos el correspondiente certificado emitido por el Servicio de Trabajo y Sanciones de la Dirección General de Trabajo, así como con las actas electorales sindicales adscritas a las Unidades de Mediación, arbitraje y conciliaron de Badajoz y Cáceres.
El Informe de la Dirección General de Trabajo aclaró que la suma de votos de PIDE, SGTEX y SAE era perfectamente legal, de hecho el informe dijo de forma taxativa que: «…desde la perspectiva de la libertad sindical, puede ser suficiente para eximir de esta eventual obligación a las organizaciones sindicales de nivel inferior cuyo resultados electorales pretenda agregarse a los de aquella entidad superior, siempre que se acredite, mediante pruebas fehacientes, que hay entre ellas vinculación orgánica, cuestión esta que aquí no ha sido controvertida»
Sindicatos tradicionales y vicepresidenta del gobierno de Extremadura, asociados para subvertir la legalidad utilizando todas las artimañas posibles para impedir que tres sindicatos incorruptibles y molestos estuvieran en la Mesa General; tanto es así, que hemos acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos a la espera de sentencia. PIDE pertenece con fuerte representación a la Mesa Sectorial que es donde se sustancian las cuestiones que más benefician a los docentes y, por tanto, es la verdaderamente importante para nosotros; pero estar presentes en la Mesa General sería un buen complemento para ampliar la lucha a favor de todos los funcionarios: docentes, administración general y sanidad. Este año, en las elecciones del próximo 1 de diciembre, ya protegidos legalmente para evitar que se vuelva a alterar la legalidad, entraremos en la Mesa General.
Los sindicatos tradicionales CSIF, CCOO y UGT, aprovechando el influyo que ejercen sobre la Consejera de Hacienda y Administración Pública, impiden el acceso a cualquier otra organización sindical con más derecho que ellos. Que la administración se pliegue a los intereses espurios de los sindicatos tradicionales, estimo, forma parte de provechosos pactos para todas las partes.
Una política capaz de transitar por la ignominia con esa naturalidad no debería formar parte de ningún gobierno; hermética, por añadidura, a cualquier petición de cumplir con la legalidad; inmune al remordimiento de tratar al sindicalismo libre, con derechos adquiridos en las urnas, como si de un usurpador se tratase; envilecida por el endiosamiento del poder que la protege, piensa, del imperio de la Ley. En toda esta espesura es en la que mueve la Consejera de Hacienda y sus sindicatos subvencionados.
Por si fuera poco todo lo anteriormente expuesto, el miércoles 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el intento de estafa más execrable de los que tengo recuerdo. Se publicó en el DOE la Resolución de la “modificación del Acuerdo […] sobre derechos y garantías sindicales”, donde se pretendía blindar los privilegios de CSIF, UGT y CCOO para que no tuvieran ni siquiera que presentarse a las elecciones pare entrar en Mesa General y Mesas sectoriales. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impidió cometer la ilegalidad pretendida y anuló dicha parte vergonzante del acuerdo. Solo el intento de estrangular la democracia demuestra la catadura moral en la que todos ellos cohabitan y convierte a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en un organismo con preocupantes tintes feudales.
Son fuertes las ligaduras que sujetan a los sindicatos de clase a la administración y delgada la membrana que los separa de la presunta prevaricación. La señora consejera y sus sindicatos de cabecera excluyen por la vía de hecho a todo aquel que pretende formar parte la Mesa General aunque tenga el aval democrático de los votos. Cuando tengamos la sentencia europea, ya será tarde, pues habrán pasado más cuatro años desde el 4 de diciembre de 2018. Pero los funcionarios, estatutarios y laborales tendrán la oportunidad en las elecciones sindicales del día 1 de diciembre de 2022 de emitir su propia sentencia.
