La Constitución
española garantiza en su artículo 27,5 el derecho
a la educación y la creación de centros docentes
(los que sean necesarios, añado).
Es,
precisamente, la falta de centros docentes públicos lo
que llevó, hace más de treinta años, a
concertar unidades con centros privados para abarcar la demanda
existente de puestos escolares que, por aquel entonces, excedía
la oferta pública. De hecho la concertación nació
con el único objetivo de concertar unidades solo allí
donde la educación pública no llegara. Una vez
que la red pública se ampliara y abarcara, por tanto,
la demanda de escolarización los conciertos dejarían
de ser necesarios. Pero después de más de tres
décadas la realidad es otra y los conciertos con los
centros privados (que nacieron oficialmente con la LODE en 1985)
siguen aumentando, incumpliendo el objetivo primigenio. Y todo
como resultado de los 40 años de retraso que trajo la
dictadura franquista, y que conllevó un parón
en seco de los niveles de escolarización por la «medievalización»
que trajo a la sociedad y, como consecuencia, una desatención
de la red pública de educación. Sin dictadura
las necesidades de escolarización hubieran ido creciendo
con el paso de los años, al mismo ritmo que en otros
países europeos, y la red pública se hubiera ido
adaptando, extendiéndose, para dar la respuesta necesaria.
La concertación como está concebida en España
es, básicamente, una anomalía democrática,
un anacronismo, producto de 40 años de oscuridad, que
ya no tiene sentido.
Por
una parte tenemos un claro incumplimiento constitucional dado
que la red pública sigue siendo insuficiente y, por otra,
una concertación indiscriminada que rompe el principio
de concertar solo allí donde no llegue la educación
pública. Nos encontramos con centros públicos
agonizando por falta de alumnados mientras se conciertan unidades
con el centro privado de al lado, y esto lo hicieron y lo siguen
haciendo gobiernos de derechas y de izquierdas.
Los
defensores de la educación concertada se aferran al argumento
demagógico de subsistencia de que la concertación
responde al principio constitucional de libertad de enseñanza.
La libertad de enseñanza debe ejercerse solo entre lo
público y lo privado y, por tanto, está asegurada.
El Estado debe garantizar una enseñanza igualitaria,
neutra y laica, alejada de cualquier adoctrinamiento. Solo la
educación pública puede garantizar estos principios
por lo que debe ser la única financiada con fondos públicos.
En
Europa más del 90% del alumnado está escolarizado
en centros públicos, sin embargo en España ronda
el 70% y, en ciudades como Madrid o Barcelona, lo concertado
supera a los públicos.
Los
centros concertados deberían desaparecer o ir transformándose
en públicos, para ello nuestra organización sindical,
PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño),
ha instado a los Grupos Parlamentarios presentes en el Congreso
de los Diputados, a presentar una Proposición No de Ley
para acometer los cambios estructurales necesarios para que
la Educación Pública sea la única financiada
con dinero público. Tenemos la convicción de que
el dinero público se debe emplear en lo público
y no en mantener negocios privados, de lo contrario lo que se
está haciendo es malversar el dinero del contribuyente.
Lo
que nuestra organización sindical ha solicitado es, grosso
modo, que las sustituciones o vacantes de los centros concertados
se cubran por interinos de las listas públicas, y que
las jubilaciones (o cualquier nueva plaza) se oferten en el
concurso de traslados para los profesores funcionarios de carrera.
De
esta manera los centros concertados irían transformándose
en públicos, y los profesores de dichos centros tendrían
asegurado su puesto de trabajo hasta la jubilación, ventaja
que ahora no tienen (aunque su condición administrativa
sería distinta a sus compañeros de oposición).
En
este nuevo escenario que se plantea, el centro concertado que
no aceptara dicha proposición dejaría de recibir
las subvenciones públicas y pasaría a ser un centro
estrictamente privado, financiándose con la cuota de
los padres de los alumnos que estuvieran escolarizados en dicho
centro.
No
podemos olvidar que los costes de la enseñanza concertada,
superan de largo a la pública. Un estudio de la OCU llegó
a la conclusión de que los colegios concertados son un
70% más caros que los públicos. En la mayoría
de los centros concertados investigados los padres tenían
la obligación de pagar alguna cuota (500 euros anuales
de media). La gratuidad de la enseñanza que promulga
la constitución debe ser respetada por todos los centros
sostenidos con fondos públicos, y la Administración
tiene la obligación de velar porque así sea.
