El
Gobierno del Estado y varias organizaciones sindicales firmaron,
el 29 de marzo de 2017 (BOE 26 de marzo de 2018), el «acuerdo
para la mejora del empleo público». Un pacto por
el cual se van a estabilizar plazas docentes pero no a los interinos
que las ocupan. Aquellos que consigan la plaza lo harán
a través de la oposición «pura y dura»;
estando sometidos, de este modo, a la subjetividad del proceso
y a todas las circunstancias azarosas que sobradamente conocen
los interinos.
Cualquier
acuerdo de estabilización de empleo, por lógica,
tiene que ir acompañado de un sistema para poder llevarlo
a cabo: un sistema transitorio de funcionarización; porque
dejar esta decisión al albur del gobierno de turno es
como jugar a la ruleta rusa en cabeza ajena. De hecho tenemos
ya el problema servido: el gobierno se niega a llevar a cabo
una transitoria pues nada le obliga, nada han firmado al respecto;
lo que han firmado ha sido otra cosa bien distinta.
Desde PIDE
promovimos un oferta de empleo que fuera acompañada de
un proceso transitorio para estabilizar a los interinos. Así
se lo argumentamos a los responsables del MECD y de los partidos
políticos, cuando nos reunimos con ellos junto con la
FID (Federación Independiente de Docentes). Les dijimos
que era prioritario estabilizar a los interinos a través
de un sistema de oposición que además de contemplar
el aumento del peso de la fase de concurso en la nota final,
tuviera, necesariamente, exámenes no eliminatorios. Un
sistema de acceso que fuese sensible con los docentes interinos
y estudiar la posibilidad, incluso, de un concurso de méritos
para no dejar en la calle a ningún interino. Posibilidad
que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público
en su artículo 61.6 cuando dice: «Sólo en
virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional,
el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos».
La oferta
de empleo es amplia en todas las comunidades; por tanto –es
obvio– muchos interinos obtendrán la plaza; pero
muchos otros no la conseguirán porque se quedarán
enredados en lo subjetivo y azaroso del proceso, y no llegarán
al concurso donde poner en valor todo su bagaje de experiencia
y formación. Los que se queden en el camino verán
sus posibilidades de trabajo muy disminuidas, pues la necesidad
de interinos para el próximo curso bajará drásticamente.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las próximas
oposiciones serán un ERE encubierto cuyo alcance no sabremos
hasta que pasen las oposiciones y podamos cuantificar el número
de interinos que consigue la plaza, los que tienen la suerte
de seguir trabajando al curso que viene en régimen de
interinidad y los que se quedan, finalmente, en la calle.
Una vez
que la oportunidad se ha perdido, una vez que la transitoria
ha sido negada, queda pensar el futuro. El acuerdo firmado,
sin transitoria, tiene un horizonte temporal de 3 años
tras el cual es prioritario establecer medidas, esta vez sin
escusas, para facilitar el acceso al funcionariado a los interinos
que no lo hayan conseguido hasta entonces. En el contexto de
la nueva Ley de Educación que se negociará, es
determinante introducir una disposición transitoria,
en el Real Decreto de acceso a la función pública
docente, que establezca un proceso real de consolidación
de empleo para aquellos interinos que no lo hayan conseguido
en convocatorias precedentes y que dicho proceso de consolidación,
añado, se convierta en ordinario para los procesos selectivos
subsiguientes.
Por una
parte, quieren poner en marcha un MIR docente (una majadería
a todas luces) para que los aspirantes a profesor titular adquieran
experiencia y, por otra, dilapidan la experiencia real y viva
que tienen los interinos. Una incongruencia que no tiene explicación
posible. En educación ya tenemos nuestro propio MIR y
se llama interinidad, donde se aprende a ser docente fajándose
en el día del aula; desconocer esta realidad demuestra
el poco interés que tienen los políticos en todo
lo que atañe al sistema educativo.
Lo
congruente, lo lógico –el orden natural, digamos–
es que los interinos, que ya conocen el quehacer docente, pasen
a ser funcionarios de carrera. Y el gobierno, que debe velar
por el bienestar de los trabajadores y la salud del sistema
educativo, tiene la obligación de facilitar la funcionarización
del colectivo de interinos.
