¿Qué
condiciones mínimas debe tener un edificio para convertirse
en colegio o instituto? Esta pregunta es frecuente entre miembros
de la comunidad educativa, así como también entre
la ciudadanía. Desde PIDE, Sindicato del Profesorado
Extremeño, reivindicamos continuamente la necesidad de
disponer de unas instalaciones óptimas y seguras en toda
la red de centros educativos públicos de Extremadura
como requerimientos necesarios para desarrollar las enseñanzas
con una mínima garantía de calidad. Actualmente,
el RD 132/2010, de 12 de febrero, establece que cualquier centro
docente que imparta el segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria y educación secundaria, debe
reunir unos requisitos mínimos de seguridad y salubridad
en sus instalaciones docentes y deportivas.
El
informe anual del Defensor del Pueblo 2018, ante las múltiples
quejas y deficiencias relativas a las condiciones de salubridad
o habitabilidad de los centros docentes, dedica todo un apartado
a esta problemática, poniendo de manifiesto las disfunciones
e incomodidades que se generan con el desarrollo de las obras
de construcción, ampliación o rehabilitación
de las instalaciones escolares, especialmente las relacionadas
con retrasos, así como la forma y fechas de su ejecución,
problemática ya recurrente en los informes anuales de
ejercicios anteriores.
Aunque
no cabe duda de que la programación y planificación
de las infraestructuras necesarias para atender el servicio
educativo es muy compleja, ya que necesita la coordinación
y colaboración entre diferentes administraciones (lo
cual supone superar distintos trámites procedimentales
y estar siempre sometidos al corsé presupuestario de
cada momento), hecho que no justifica en absoluto que determinadas
instalaciones escolares presenten problemas en las condiciones
mínimas de salubridad y habitabilidad, entre ellos, la
presencia de materiales nocivos (como el amianto) en determinados
elementos constructivos de sus dependencias, así como
la utilización más permanente que provisional
de determinadas instalaciones. La solución a ambos problemas
(además de una correcta y eficiente planificación),
pasa por una dotación adecuada de las diferentes partidas
presupuestarias para atenderlos, algo que no ocurre vista la
persistencia de la problemática.
La
única respuesta institucional que recibimos cada vez
que nos interesamos por la referida problemática es siempre
la misma: “no se dispone de presupuesto”. ¿Habrá
que esperar a que suceda una desgracia para denunciar a un Estado
que incumple las normas que él mismo emite?.
Desde
el Sindicato PIDE convocamos anualmente el concurso de fotografía
“Maestro Zenón Garrido”, en el que recibimos
fotos-denuncia de alumnado y de docentes de nuestra Comunidad.
Es sorprendente y, a la vez, necesario, visibilizar la realidad
de nuestros colegios e institutos, de una manera poética;
en ocasiones, hasta con toques de humor. Pero cuando lo que
parece ficción resulta que es cotidianeidad, tenemos
un gran problema. Clases con humedades más que evidentes,
regletas fijas ancladas al suelo con el consiguiente peligro
de caídas, acristalamientos deficientes, goteras en cubiertas
de gimnasios o pabellones…Desde la dirección de
los centros, nos comentan que en la Administración Autonómica
les dicen que el mantenimiento es competencia de la Administración
Local y esta última dice lo contrario. Como afirma el
dicho popular, “unos por otros, la casa sin barrer”.
Por
otro lado, no hay que perder de vista que, el azote recibido
por las familias durante y tras la pasada crisis económica,
hace más necesario que nunca la potenciación y
mejora de aquellas medidas tomadas para garantizar la calidad,
gratuidad y accesibilidad a los niveles obligatorios de la educación
en España, de tal manera que las clases medias no huyan
de la enseñanza pública y dispongan de igualdad
de oportunidades en el acceso a la formación postobligatoria
y universitaria, pues son inversiones de futuro en el capital
humano de nuestro país, elemento imprescindible para
el desarrollo y generación de riqueza de cualquier nación
que desee alcanzar unos niveles aceptables de bienestar para
todos sus ciudadanos.
Llama
poderosamente la atención ver cómo centros públicos
que hasta hace pocos cursos contaban con hasta tres líneas
educativas se han quedado con una en la actualidad, mientras
que centros privados o concertados las mantienen con menos de
la mitad de alumnado de la ratio máxima permitida: sirvan
como ejemplo los datos de los centros infantiles de Montánchez
(8,36) y Hornachos (10,00).
Desde
PIDE no entendemos por qué se está laminando la
escuela pública, sobre todo, la rural, en beneficio del
negocio de la privada-concertada, y lo manifestamos en cada
mesa sectorial o de negociación con la Consejería
de Educación.
Este
triste panorama general se repite e intensifica en algunos casos
en la red de centros públicos docentes extremeños
donde el estado de desidia y abandono en cuanto a la conservación
y/o reparación de sus instalaciones hace que las condiciones
mínimas exigibles de habitabilidad y salubridad no se
cumplan en ningún caso.
Cuando
en nuestras visitas a los centros educativos descubrimos estas
deficiencias y nos interesamos por la problemática, siempre
desde los equipos directivos recibimos idéntica respuesta:
“está solicitado oficialmente pero nos dicen que
no hay presupuesto”… eso sí, acumulan en
sus almacenes una respetable cantidad de material tecnológico
que llegó en sus embalajes originales sin haberlo pedido,
ni ser necesario, inversión que podía haberse
materializado en la retirada de elementos nocivos en las cubiertas
(amiantos), aislamientos térmicos, mejora de las instalaciones
de calefacción, reparación de goteras y humedades,
adecentamiento de baños… Quizás el problema
radique justo aquí, en que se hacen políticas
de inversión educativa sin contar con la propia comunidad
educativa, modelo clásico y obsoleto que parece que nadie
está dispuesto a cambiar…
Una
vez salvado el trámite presupuestario, no es mejor el
escenario que se presenta a la hora de gestionar los preceptivos
permisos y licencias para la realización de obras de
construcción, ampliación o rehabilitación,
las disfunciones originadas por los calendarios de ejecución
de las mismas cuando no coinciden con los periodos de vacaciones
escolares con las consiguientes incomodidades que ello acarrea,
así como las situaciones en las que obligatoriamente
hay que “desplazar temporalmente” a alumnos y profesores
a otros centros educativos o en aularios prefabricados con los
consiguientes problemas de masificación de los centros
receptores.
Como
decía Valle Inclán, el mundo es una controversia,
si bien, está en nuestras manos influir para que no sea
así, para que políticas educativas se consensúen
con toda la comunidad educativa, para que se lleve un control
exhaustivo de las necesidades de cada centro y se prioricen
las obras o reformas que hacen que, al entrar en algunos centros
educativos, retrocedamos unas cuantas décadas. Las nuevas
construcciones son un regalo para la ciudadanía, pero
de nada sirven cuando son en grandes urbes y se hacen en perjuicio
de las instalaciones de la escuela rural, donde las fotos para
los periódicos no son tan majestuosas ni espectaculares,
pero es donde reside el alma del sistema educativo público
extremeño: en nuestros pueblos. No lo perdamos de vista…
