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"Alumnado y reivindicaciones docentes"

27/04/2017 Raúl Fernández
Delegado del Sindicato PIDE

El 20 de abril, las escuelas concertadas se manifestaron en contra del nuevo decreto de conciertos de la región. Según las informaciones difundidas por los medios, 25.000 estudiantes se movilizaron con sus profesores en los 63 centros concertados de Extremadura, portando globos blancos y apoyando la lectura de un manifiesto redactado por el colectivo de Escuelas Católicas de Extremadura. Como no puede ser de otra manera, el profesorado de la escuela privada-concertada tiene, como cualquier trabajador, el derecho a manifestarse para defender sus intereses legítimos. Asimismo, les asiste el derecho a informar a las familias para que éstas valoren si deciden o no unirse a sus reivindicaciones. Lo que no está tan claro es que, en horario escolar, deba involucrarse a todo el alumnado en una acción coordinada en defensa de la educación privada-concertada. En las fotografías que se han difundido en los medios puede verse cómo, en diferentes colegios, numerosos estudiantes (en su mayoría niños menores de edad) arropan a sus profesores en el patio del colegio. ¿Tienen estos alumnos la madurez suficiente para valorar si deben apoyar las reivindicaciones de sus maestros? ¿Fueron, por tanto, libres al hacerlo? ¿Se debe instrumentalizar a los niños para defender los intereses privados de la escuela concertada?

Los límites del uso de la libertad de expresión y de manifestación del funcionariado son un viejo tema de debate. El filósofo Immanuel Kant creía que, para preservar el orden social, los funcionarios deben limitar su libertad de expresión y de manifestación en el ejercicio de sus funciones. Esto no significa que, en un contexto separado del ejercicio de la función pública, los ciudadanos no puedan expresar libremente sus opiniones.

Si aplicamos esta máxima al contexto que nos ocupa, llegamos a las siguientes conclusiones: es evidente que el profesorado tiene todo el derecho a ejercer sus libertades fundamentales, tanto las relativas al ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación como el derecho a huelga. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones docentes estas libertades tienen sus limitaciones. Por ejemplo, todo el mundo estará de acuerdo en que un profesor no debería usar sus clases para adoctrinar a sus alumnos en una ideología política o religiosa, máxime si son niños. Por esa regla de tres, un docente, si es honesto, debe dejar muy claro que una cosa son sus opiniones «personales» y otra el ejercicio de su magisterio. Tampoco es ético que un centro organice, como si se tratara de una actividad pedagógica más de obligado cumplimiento, un acto reivindicativo con todo el alumnado para presionar a la Administración y para influir en la opinión pública. Al menos en el horario escolar ordinario, los niños deberían estar al margen de estos actos.

En el caso de la escuela pública, está meridianamente claro que existe una serie de limitaciones en el ejercicio de la docencia. ¿Cómo actuaría la Inspección si el profesorado usara, por ejemplo, la plataforma educativa Rayuela para informar a las familias de cómo el cierre de unidades de colegios públicos --ubicados en localidades donde hay colegios concertados-- afecta a la equidad educativa? ¿Sería lícito que, a la hora del recreo, se repartieran globos y camisetas verdes para fotografiar a todos los niños y difundir este material para defender la escuela pública? En democracia, todas las reivindicaciones tienen sus cauces y todos los derechos sus límites. No todo vale para conseguir un objetivo. En cualquier caso, los docentes deberíamos contribuir a garantizar la autonomía de nuestro alumnado frente al interés del profesorado, por muy lícito que éste sea. Porque no olvidemos que, de entre todos los grandes objetivos de la educación, está el de promover el libre desarrollo de la personalidad humana.