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7DíasExtremadura

"Unos por otros y la casa sin hacer"

28/11/2019
Servicio de Salud y Riesgos Laborales del Sindicato PIDE

¿Qué condiciones mínimas debe tener un edificio para convertirse en colegio o instituto? Esta pregunta es frecuente entre miembros de la comunidad educativa, así como también entre la ciudadanía. Desde PIDE, Sindicato del Profesorado Extremeño, reivindicamos continuamente la necesidad de disponer de unas instalaciones óptimas y seguras en toda la red de centros educativos públicos de Extremadura como requerimientos necesarios para desarrollar las enseñanzas con una mínima garantía de calidad. Actualmente, el RD 132/2010, de 12 de febrero, establece que cualquier centro docente que imparta el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, debe reunir unos requisitos mínimos de seguridad y salubridad en sus instalaciones docentes y deportivas.

El informe anual del Defensor del Pueblo 2018, ante las múltiples quejas y deficiencias relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad de los centros docentes, dedica todo un apartado a esta problemática, poniendo de manifiesto las disfunciones e incomodidades que se generan con el desarrollo de las obras de construcción, ampliación o rehabilitación de las instalaciones escolares, especialmente las relacionadas con retrasos, así como la forma y fechas de su ejecución, problemática ya recurrente en los informes anuales de ejercicios anteriores.

Aunque no cabe duda de que la programación y planificación de las infraestructuras necesarias para atender el servicio educativo es muy compleja, ya que necesita la coordinación y colaboración entre diferentes administraciones (lo cual supone superar distintos trámites procedimentales y estar siempre sometidos al corsé presupuestario de cada momento), hecho que no justifica en absoluto que determinadas instalaciones escolares presenten problemas en las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad, entre ellos, la presencia de materiales nocivos (como el amianto) en determinados elementos constructivos de sus dependencias, así como la utilización más permanente que provisional de determinadas instalaciones. La solución a ambos problemas (además de una correcta y eficiente planificación), pasa por una dotación adecuada de las diferentes partidas presupuestarias para atenderlos, algo que no ocurre vista la persistencia de la problemática.

La única respuesta institucional que recibimos cada vez que nos interesamos por la referida problemática es siempre la misma: “no se dispone de presupuesto”. ¿Habrá que esperar a que suceda una desgracia para denunciar a un Estado que incumple las normas que él mismo emite?.

Desde el Sindicato PIDE convocamos anualmente el concurso de fotografía “Maestro Zenón Garrido”, en el que recibimos fotos-denuncia de alumnado y de docentes de nuestra Comunidad. Es sorprendente y, a la vez, necesario, visibilizar la realidad de nuestros colegios e institutos, de una manera poética; en ocasiones, hasta con toques de humor. Pero cuando lo que parece ficción resulta que es cotidianeidad, tenemos un gran problema. Clases con humedades más que evidentes, regletas fijas ancladas al suelo con el consiguiente peligro de caídas, acristalamientos deficientes, goteras en cubiertas de gimnasios o pabellones…Desde la dirección de los centros, nos comentan que en la Administración Autonómica les dicen que el mantenimiento es competencia de la Administración Local y esta última dice lo contrario. Como afirma el dicho popular, “unos por otros, la casa sin barrer”.

Por otro lado, no hay que perder de vista que, el azote recibido por las familias durante y tras la pasada crisis económica, hace más necesario que nunca la potenciación y mejora de aquellas medidas tomadas para garantizar la calidad, gratuidad y accesibilidad a los niveles obligatorios de la educación en España, de tal manera que las clases medias no huyan de la enseñanza pública y dispongan de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación postobligatoria y universitaria, pues son inversiones de futuro en el capital humano de nuestro país, elemento imprescindible para el desarrollo y generación de riqueza de cualquier nación que desee alcanzar unos niveles aceptables de bienestar para todos sus ciudadanos.

Llama poderosamente la atención ver cómo centros públicos que hasta hace pocos cursos contaban con hasta tres líneas educativas se han quedado con una en la actualidad, mientras que centros privados o concertados las mantienen con menos de la mitad de alumnado de la ratio máxima permitida: sirvan como ejemplo los datos de los centros infantiles de Montánchez (8,36) y Hornachos (10,00).

Desde PIDE no entendemos por qué se está laminando la escuela pública, sobre todo, la rural, en beneficio del negocio de la privada-concertada, y lo manifestamos en cada mesa sectorial o de negociación con la Consejería de Educación.

Este triste panorama general se repite e intensifica en algunos casos en la red de centros públicos docentes extremeños donde el estado de desidia y abandono en cuanto a la conservación y/o reparación de sus instalaciones hace que las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad y salubridad no se cumplan en ningún caso.

Cuando en nuestras visitas a los centros educativos descubrimos estas deficiencias y nos interesamos por la problemática, siempre desde los equipos directivos recibimos idéntica respuesta: “está solicitado oficialmente pero nos dicen que no hay presupuesto”… eso sí, acumulan en sus almacenes una respetable cantidad de material tecnológico que llegó en sus embalajes originales sin haberlo pedido, ni ser necesario, inversión que podía haberse materializado en la retirada de elementos nocivos en las cubiertas (amiantos), aislamientos térmicos, mejora de las instalaciones de calefacción, reparación de goteras y humedades, adecentamiento de baños… Quizás el problema radique justo aquí, en que se hacen políticas de inversión educativa sin contar con la propia comunidad educativa, modelo clásico y obsoleto que parece que nadie está dispuesto a cambiar...

Una vez salvado el trámite presupuestario, no es mejor el escenario que se presenta a la hora de gestionar los preceptivos permisos y licencias para la realización de obras de construcción, ampliación o rehabilitación, las disfunciones originadas por los calendarios de ejecución de las mismas cuando no coinciden con los periodos de vacaciones escolares con las consiguientes incomodidades que ello acarrea, así como las situaciones en las que obligatoriamente hay que “desplazar temporalmente” a alumnos y profesores a otros centros educativos o en aularios prefabricados con los consiguientes problemas de masificación de los centros receptores.

Como decía Valle Inclán, el mundo es una controversia, si bien, está en nuestras manos influir para que no sea así, para que políticas educativas se consensúen con toda la comunidad educativa, para que se lleve un control exhaustivo de las necesidades de cada centro y se prioricen las obras o reformas que hacen que, al entrar en algunos centros educativos, retrocedamos unas cuantas décadas. Las nuevas construcciones son un regalo para la ciudadanía, pero de nada sirven cuando son en grandes urbes y se hacen en perjuicio de las instalaciones de la escuela rural, donde las fotos para los periódicos no son tan majestuosas ni espectaculares, pero es donde reside el alma del sistema educativo público extremeño: en nuestros pueblos. No lo perdamos de vista...