Cartas y artículos de Educación

Periódico Extremadura

"Pongamos que hablo... de Madrid"

8/10/2011 Alfredo Aranda Platero

La educación pública, base de la igualdad social –una conquista fundamental del Estado democrático– no puede ser menoscabada por ningún gobierno que diga representar al pueblo, de lo contrario estaríamos ante un ataque mísero al pilar fundamental de la sociedad del bienestar y, por ende, ante un fraude a la ciudadanía. La agresión más palmaria se está produciendo en Madrid; se le quitan recursos fundamentales a la enseñanza pública para dárselos a la privada y, en alguna medida, a la concertada. Los mandamases de Madrid deberían saber, si les mueve realmente el interés social, que los conciertos educativos están justificados en los lugares donde no llega la enseñanza pública o como complemento de ésta. ¿Es consciente la ciudadanía de Madrid de que se está promocionando la enseñanza privada con dinero público?

No es un secreto que la enseñanza privada, en su inmensa mayoría, articula mecanismos de discriminación en la selección del alumnado, por lo que debería estar excluida de cualquier subvención pública (es decir, dinero de todos). Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza pública es atajar las desigualdades sociales, dicha meta no puede ser asumida por la enseñanza privada, dado que una de las bases fundamentales de su funcionamiento es, como digo, la discriminación y no sólo a la hora de la selección de alumnos y profesores, sino también en otros aspectos como la imposición religiosa y el establecimiento de pagos extraordinarios para uniformes, actividades extraescolares, actividades varias… lo que convierte a muchos centros privados concertados en centro de pago, pese a las subvenciones que reciben para ser gratuitos.

Los centros privados son una empresa y como tal tienen un ideario de funcionamiento que marcan los dueños del negocio y una política de empresa sometida dicho ideario, y, por tanto, no pueden competir con los centros públicos, por ejemplo, en política de igualdad social, de hecho la mayoría niños y niñas inmigrantes, o procedentes de minorías, o alumnos con necesidades educativas especiales están escolarizados en centros públicos. Es su negocio, pueden gestionarlo como plazcan, incluso reversar, como hacen, el derecho de admisión. Ahora bien, cuando aparece en el escenario dinero público, recaudado de los bolsillos de millones de trabajadores, para convertir centros privados en concertados o para favorecer fiscalmente a los padres que matriculan a sus hijos en escuelas privadas, entonces estamos ante una estafa al conjunto de la sociedad.

Esperanza Aguirre, azote de la escuela pública, precursora de la educación privada (y, en menor medida, de la concertada), desde su puesto de presidenta de la comunidad de Madrid, utiliza los recursos públicos para promocionar el sistema privado de educación e ir minando la escuela pública hasta dejarla herida de muerte; después –pensará ella– el sistema público de enseñanza se morirá solo. El desarrollo de la enseñanza privada necesita que el sistema público se deteriore; este es, simplemente, el objetivo de Esperanza Aguirre: el deterioro de la educación pública; y lo hace a las claras, sin esconderse y con el apoyo de una gran parte de la sociedad madrileña que parece no enterarse de que ellos, y sus hijos y nietos, serán los que sufran semejante perjuicio social y democrático. El ataque está planificado y se ejecuta con frialdad: se bonifica fiscalmente (en el IRPF) a quienes llevan a sus hijos a colegios privados (hasta 1800 euros al año), se miente con el horario de trabajo de los profesores de la escuela pública –acusándolos de vagos– para justificar el despido de miles de interinos, se dota de infraestructura insuficiente a los centros públicos, se recorta drásticamente las ayudas a la formación… Desde la Jefatura de la Comunidad de Madrid se asegura que es necesario recortar 80 millos de euros de los gastos de la educación pública para contribuir a paliar los efectos de la crisis; sin embargo, acto seguido, se ofrecen –a fondo perdido– 90 millones para la privada-concertada, lo que constituye, como poco, un ejercicio de cinismo de dimensiones planetarias.

Todos los desvelos de la Sra. Esperanza están encaminados a su objetivo primero: convertir el sistema educativo de Madrid en privado y elitista, lo que confirma, sin lugar a dudas, su falta de talante democrático y su cercanía al nacional-catolicismo. Pero los ciudadanos de Madrid, una y otra vez, la dejan pasar, por tanto, nada que hacer, sólo esperar a que finiquite uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y para más inri nombres como el de Lucía Figar, ejecutora de las ocurrencias de su jefa y la mismísima Sra. Aguirre, suenan para ministra de educación, en el caso de que el 20N se produzca cambio de gobierno. Que los Dioses nos cojan confesados.

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