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"Daños colaterales "

24/01/2018 Alfredo Aranda Platero
Vicepresidente del Sindicato PIDE

Injusticia, desconocimiento y soberbia. Malas cualidades humanas que están llevando al desastre a tres familias sin que nadie mueva un dedo para evitarlo.

La injusticia

El abandono de tres funcionarios, por parte de la Junta de Extremadura, de la especialidad de «Organización y procedimiento de mantenimiento de vehículos» que perderán su plaza, ganada con honradez, tras una sentencia del Supremo. Perderán su condición de funcionarios pese a que la sentencia los reconoce como terceros de buena fe; dado que no fueron ellos los que destruyeron los exámenes de oposición (en el año 2010), fue la presidenta del tribunal. Sus notas fueron obtenidas sin mácula alguna y consiguieron la plaza de forma justa. La destrucción de los exámenes puede afectar al demandante pero, en ningún caso, debería perjudicar a los funcionarios que no tienen ninguna culpa de lo sucedido en el procedimiento selectivo de ese año. De nada valió que se pretendiera una solución pactada que no perjudicaba a nadie y que el TSJEx estaba dispuesto a avalar; la Junta de Extremadura dijo «no». De nada valió que en casos como el de las oposiciones impugnadas referidas anteriormente (según interpreta el magistrado José M. Chaves, de Asturias), el Tribunal Constitucional propicie una solución diferente a quitarle la condición de funcionarios a aquellos que obtuvieron la plaza legalmente; propiciando así su tutela como, por otra parte, debería hacer la justicia. La Junta de Extremadura también dijo «no» a esta interpretación de una justicia sanadora. A cuanta solución se proponía, la Junta de Extremadura decía «no».

El 16 de enero de 2018 el TSJEx notifica a los tres funcionarios (Francisco, Víctor y Heliodoro) que tiene que ejecutar la sentencia en sus términos al no haber acuerdo entre todas las partes o, dicho de otra manera, que todas las partes han firmado el acuerdo menos la Junta de Extremadura. La Sala de lo Contencioso estaba por la labor de aprobar un acuerdo transaccional entre todas las partes; y, como consecuencia de la inacción de la Junta de Extremadura, los opositores reconocidos por sentencia como de buena fe perderán la condición de funcionarios de carrera.

El desconocimiento

En estos casos el TC propicia, como el magistrado José Manuel Chaves aclara (Tribunal Superior de Justicia de Asturias), que los terceros de buena fe sean tutelados, evitando con ello la revocación de los nombramientos de funcionarios de carrera y dándole otra solución al conflicto. Las soluciones aportadas para evitar la injusticia, particularmente el acuerdo pactado, serían la solución perfecta. La Junta de Extremadura no ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma de posesión de los aprobados, así como la condición de inocentes y ajenos a aquellos que nada tienen que ver con la irregularidad cometida por el Tribunal Calificador.

El TSJEx se ha mostrado dispuesto a un acuerdo transaccional e, increíblemente, los responsables de Junta de Extremadura se han puesto de perfil, como si el asunto no fuera con ellos; decidiendo, de esta manera, no proteger a tres ciudadanos y sus familias que durante meses han rogado sensatez a la Junta de Extremadura sin conseguirlo.

Pretender deshacer una injusticia cometiendo una injusticia mayor es una concepción bárbara de la Ley que, afortunadamente, está dejando de estar vigente aunque en Extremadura esté muy presente.

La soberbia

Sería sanador para todos, que los responsables de la Junta de Extremadura reconocieran el error y admitieran que la solución puede ser otra; aquella que no perjudique a nadie; aquella que está sobre la mesa esperando a ser contemplada, firmada y enviada al TSJEx.

Reconocer las equivocaciones, los errores, y darles solución demuestra sentido de la justicia y altura intelectual; lo contario significa, tristemente, la imposibilidad de alcanzar una Ley libre y justa. Y, por extensión, la deshumanización de aquellos que juraron proteger a los ciudadanos cuando tomaron posesión de sus cargos.

La injusticia, el desconocimiento y la soberbia, como si de tres oscuros y aciagos mandamientos se tratase, son una lacra para la sociedad que quiere alcanzar altas cotas de calidad humana en la gestión de lo público.